La intervención ha puesto a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y ha desatado una ola de reacciones divididas a nivel global. La madrugada del 3 de enero, una serie de explosiones y ataques aéreos sacudieron objetivos militares en Caracas y otros estados, incluyendo el Fuerte Tiuna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la operación, la cual, según afirmó, siguió “en tiempo real” y fue ejecutada “sin pérdida de vidas estadounidenses”.

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y “prisionero de guerra”.

Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumir como presidenta encargada.

Aunque inicialmente desafiante, asegurando que “aquí nadie se entregó, aquí hubo combate”, Rodríguez posteriormente propuso a EE.

UU. una “agenda de cooperación”.

Trump advirtió que si ella no coopera, podría enfrentar un destino “peor que la de Maduro”.

Como una aparente concesión, el gobierno interino comenzó a liberar “presos políticos”.

La estrategia de Washington, según el secretario de Estado Marco Rubio, consiste en tres fases: estabilización, recuperación y reconciliación, y contempla que EE. UU. controlará “de manera indefinida” la producción de petróleo del país. La comunidad internacional reaccionó de manera dividida: gobiernos como los de Colombia, Brasil, México, Rusia y China condenaron la acción por violar el derecho internacional, mientras que otros, como el de Argentina, la celebraron. La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, fue marginada por Trump, quien afirmó que a ella “le sería muy difícil estar al frente del país”.