Los manifestantes expresaron su malestar por una crisis económica agravada por las sanciones occidentales, que ha llevado a una depreciación crónica del rial y a una inflación que supera el 50%.

En la provincia sureña de Fars, los manifestantes intentaron ingresar a un edificio oficial, evidenciando el creciente descontento.

La respuesta del gobierno ha sido ambivalente.

El presidente Masoud Pezeshkian instó al Ministerio del Interior a "escuchar las demandas legítimas" de los ciudadanos y anunció un diálogo inédito para hacer frente a la crisis.

Sin embargo, esta apertura contrasta con la postura del poder judicial.

El fiscal general de la República Islámica advirtió que se actuará con "firmeza" si las manifestaciones son utilizadas con fines de "desestabilización". Esta amenaza se materializó con la muerte de un agente de las fuerzas del orden en el oeste del país, la primera víctima fatal oficialmente reconocida desde el inicio de los disturbios. La situación económica es tan grave que provocó la renuncia del director del Banco Central, mientras el gobierno se ve presionado a realizar ajustes presupuestarios en un clima de alta tensión social.