Fuentes periodísticas como The New York Times y CNN atribuyeron la operación a la CIA, especificando el uso de drones MQ-9 Reaper. Este sería el primer ataque terrestre confirmado en el marco de una ofensiva que, desde su inicio hace cinco meses, ha resultado en la destrucción de más de 30 lanchas y la muerte de más de 100 personas, calificadas por Washington como "narcoterroristas". La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido contundente.

Calificó las acciones como "amenazas y doctrinas imperiales" y prometió un refuerzo del desarrollo técnico y militar del país para 2026.

Además, su gobierno ha rechazado los señalamientos, asegurando que es "imposible" dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ha buscado el respaldo de aliados internacionales.

Rusia, por ejemplo, condenó el bloqueo a petroleros vinculados a Venezuela como un acto de "piratería".

La presión estadounidense no se limita a lo militar; el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra cuatro empresas por transportar crudo venezolano, ahondando la crisis económica.

El exembajador de EE.UU. John Feeley contextualizó la situación afirmando que "Trump necesita destruir algunos objetivos en Venezuela o parecerá débil", sugiriendo que las acciones responden a una necesidad de proyectar fuerza.