La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña de “máxima presión” contra el gobierno de Nicolás Maduro, implementando un bloqueo naval para interceptar y confiscar petroleros que transportan crudo venezolano. Washington justifica esta acción, que incluye el despliegue de un portaaviones y buques de guerra, como parte de una operación antidrogas contra el presuntamente denominado “Cartel de los Soles”, que según EE.

UU. es liderado por altos funcionarios venezolanos.

El propio Trump no ha descartado una intervención militar, afirmando que Maduro “sabe exactamente lo que quiero”. El gobierno venezolano ha calificado estas acciones como “piratería estatal” y “la mayor extorsión”, denunciando el bloqueo ante el Consejo de Seguridad de la ONU y advirtiendo a países vecinos como Trinidad y Tobago que no presten su territorio para un posible ataque.

En respuesta, la Armada venezolana ha comenzado a escoltar sus buques petroleros. La crisis ha provocado una clara división internacional: mientras Rusia y China respaldan a Venezuela en la ONU, denunciando la “conducta de cowboy” de EE.

UU., líderes latinoamericanos como el presidente de Brasil, Lula da Silva, han advertido que una intervención armada sería una “catástrofe humanitaria” y se han ofrecido a mediar para evitar una escalada del conflicto.