En este contexto, Washington ha aumentado la presión, primero advirtiendo con “consecuencias” si no se iniciaba el conteo y luego sancionando a un magistrado y un consejero electoral.

La medida ha sido mal recibida por parte de la población hondureña, que expresa su “molestia” por lo que consideran una injerencia directa de EE.

UU. en sus asuntos internos.

La situación se ha politizado aún más con la presidenta Xiomara Castro denunciando un “golpe electoral” y una “intervención extranjera” por parte de Estados Unidos, mientras convocaba a la policía a “cerrar el paso”. Por su parte, la OEA ha descartado un fraude electoral, pero ha señalado la necesidad de reexaminar cerca de 2.800 actas, manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final.