Este proceso se aplicaría a personas que hayan obtenido la ciudadanía por presunto fraude o irregularidades.

Los críticos advierten que esta política presenta serios retos éticos, políticos y prácticos, y podría generar un clima de miedo entre los ciudadanos naturalizados.

Paralelamente, la Casa Blanca ha ampliado la prohibición de entrada y las restricciones de viaje a ciudadanos de más de 30 nacionalidades, incluyendo a Siria y la Autoridad Nacional Palestina, bajo argumentos de seguridad nacional. Además, se suspendió el programa de visas de diversidad tras un tiroteo en la Universidad de Brown, reavivando el debate sobre los controles de ingreso. Estas acciones se complementan con un mayor reclutamiento de agentes para la Patrulla Fronteriza y un discurso antimigrante que ha incluido el uso de videos polémicos por parte de agencias gubernamentales.