Uno de los atacantes ya estaba bajo investigación desde 2019 por presuntos vínculos con miembros del EI, aunque en ese momento no se consideró una amenaza activa.

La masacre, en la que murieron personas de entre 10 y 87 años, ha sido la peor de este tipo en Australia en casi tres décadas. Como respuesta, el gobierno ha anunciado que evaluará un endurecimiento de las leyes de armas, incluyendo posibles límites al número de rifles y una revisión de los procesos de licenciamiento. La tragedia también ha destacado actos de heroísmo, como el de Ahmed al Ahmed, un ciudadano que desarmó a uno de los atacantes y fue elogiado por las autoridades por salvar “innumerables vidas”. El ataque ha puesto de manifiesto la evolución de la amenaza yihadista y la capacidad de individuos para llevar a cabo actos de violencia extrema inspirados por grupos terroristas.