Honduras atraviesa una profunda crisis política y electoral, con el país sumido en la incertidumbre dos semanas después de las elecciones presidenciales. Las acusaciones de un “golpe electoral” por parte de la presidenta Xiomara Castro, la intervención extranjera y la violencia en las protestas han llevado a la militarización del proceso de conteo de votos. La presidenta Castro ha denunciado una “intervención extranjera” de Estados Unidos y un intento de “golpe electoral” en medio del demorado conteo, llamando a la policía a “cerrar el paso”.
La tensión escaló cuando manifestantes del partido oficialista Libre protestaron frente al Centro Logístico Electoral, donde se resguardan las actas.
El desalojo violento de estas protestas por parte de la policía dejó al menos ocho personas heridas y provocó que la sede fuera militarizada para proteger el material electoral. El expresidente Manuel Zelaya ha llamado a sus bases a “tomar las calles” para anular las elecciones, mientras el opositor Partido Nacional acusa a Zelaya de intentar un “autogolpe” con la complicidad del candidato Salvador Nasralla para bloquear el escrutinio. A pesar de la tensa situación y las amenazas, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha descartado la existencia de fraude electoral, aunque ha solicitado que 2.800 actas sean reexaminadas.
El resultado final sigue sin definirse, manteniendo al país en un estado de alta tensión política.
En resumenLa democracia hondureña se encuentra en un momento crítico, con un proceso electoral paralizado por acusaciones de fraude, intervención extranjera y violencia. La falta de un resultado claro y la polarización política amenazan con desestabilizar aún más al país, que espera una resolución transparente para evitar una crisis mayor.