El nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, un excomandante rebelde, lidera un país donde los peligros continúan.
La ONG Handicap International ha registrado un alarmante aumento de víctimas por artefactos explosivos, con casi 1.400 en 2025, debido al regreso de residentes a zonas devastadas por la guerra. La violencia sectaria persiste en ciudades como Homs, y miles de familias siguen buscando a más de 110.000 personas desaparecidas durante el régimen de Assad, incluyendo miles de niños.
En este frágil contexto, la presencia del Estado Islámico (EI) sigue siendo una amenaza letal. Recientemente, dos soldados y un intérprete estadounidenses murieron en una emboscada atribuida al EI en Palmira, lo que provocó una advertencia del presidente Trump de una “retaliación muy seria”. Paradójicamente, mientras Washington firma acuerdos antiterroristas con el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, y lo rehabilita internacionalmente, la administración Trump ha incluido simultáneamente a Siria en un nuevo listado de países con veto total de entrada a territorio estadounidense. Esta dualidad en la política exterior de EE.
UU. genera incertidumbre sobre el futuro del apoyo internacional a la nueva Siria.












