UU. puso fin a los programas de parole para la reunificación familiar que beneficiaban a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La administración argumentó que estos programas presentaban “brechas de seguridad” y eran un “abuso” del sistema, dejando en el limbo a miles de familias con trámites en curso. A los beneficiarios que ya se encuentran en el país sin haber solicitado la residencia permanente se les ha ordenado abandonar el país antes del 14 de enero. En paralelo, se ha propuesto una nueva normativa que obligaría a los turistas de 42 países exentos de visa, incluidos Chile y España, a entregar un historial de cinco años de sus redes sociales, además de números de teléfono y correos electrónicos, para obtener la autorización de viaje ESTA. La medida ha sido criticada por países como Australia y por defensores de las libertades civiles. Estas políticas se suman a un ambiente de creciente control, evidenciado en casos como la detención del hijo de la congresista Ilhan Omar por parte de ICE y la suspensión de ceremonias de ciudadanía que ha dejado a muchos aspirantes en un “limbo” legal.