El exmandatario se ha declarado “absolutamente inocente” y ha sostenido que su aprehensión obedece a motivaciones “claramente políticas”.

Su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que Arce había sido “secuestrado”. Un punto clave del caso es que, debido a que el presunto delito se cometió antes de su mandato presidencial, Arce no sería juzgado con los beneficios que corresponden a un expresidente, lo que ha intensificado el debate sobre una posible instrumentalización de la justicia. La medida ha polarizado aún más el ya tenso ambiente político boliviano, enfrentando al sistema judicial con los seguidores del exmandatario.