Una disputa sobre el cumplimiento de un tratado de aguas de 1944 ha elevado la tensión entre México y Estados Unidos, llevando al presidente Donald Trump a amenazar con la imposición de aranceles. Aunque se ha alcanzado un acuerdo temporal, el conflicto subraya la fragilidad de la cooperación bilateral en materia de recursos naturales. El centro de la controversia es la obligación de México, según el tratado, de entregar una cantidad específica de agua a Estados Unidos proveniente de los ríos Bravo (conocido como Río Grande en EE.
UU.) y Colorado.
El presidente Trump acusó a México de incumplir el acuerdo y amenazó con imponer “un arancel de 5% a México si no se libera esta agua, de inmediato”. Esta presión económica llevó a ambas naciones a la mesa de negociaciones, donde finalmente se alcanzó un acuerdo para resolver la disputa, con un plan que se espera culmine en enero de 2026. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en encontrar una solución que no ponga en riesgo a la población ni a la producción agrícola de su país, al tiempo que llamó a Trump a asumir su responsabilidad en el tratamiento de aguas residuales que fluyen del río Tijuana hacia el Pacífico.
A pesar del acuerdo, la amenaza arancelaria evidencia cómo las disputas sobre recursos hídricos pueden escalar rápidamente a conflictos comerciales.
En resumenLa tensión por el tratado de aguas entre México y EE. UU. ha sido temporalmente desactivada, pero el episodio revela cómo la escasez de recursos y las presiones políticas pueden convertirse en una herramienta de coerción económica, poniendo a prueba la resiliencia de las relaciones bilaterales.