Mientras Chile asegura que no existe una crisis migratoria, el Gobierno de Perú ha tomado medidas drásticas.

Decretó un estado de emergencia por 60 días en cuatro distritos fronterizos, lo que implica la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Además, se ha ordenado el despliegue del Ejército y la Policía para patrullar la zona. Para coordinar la respuesta, ambos países han acordado realizar patrullajes binacionales, aunque la resistencia de los países vecinos a aceptar deportaciones masivas plantea un desafío significativo a la viabilidad de las propuestas de Kast. Esta crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes y cómo el discurso político puede tener consecuencias directas y desestabilizadoras en las fronteras.