Los ataques a presuntas “narcolanchas” en aguas internacionales han dejado decenas de muertos y han sido calificados por organismos internacionales y congresistas estadounidenses como posibles crímenes de guerra.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha atacado al menos 22 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, causando la muerte de más de 87 personas.

Los bombardeos se han producido frente a las costas de Colombia, Venezuela y México. La operación ha sido objeto de un fuerte escrutinio, especialmente después de que se revelara y confirmara por la Casa Blanca un incidente en el que se realizó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes de un bombardeo previo. Expertos legales, la ONU y un grupo de trabajo de exabogados militares del Congreso han advertido que estas acciones podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales” y violar el derecho internacional. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha estado bajo presión, aunque la Casa Blanca atribuyó la orden del segundo ataque a un almirante de la Marina. La situación ha elevado las tensiones con Colombia, un aliado histórico. El presidente Gustavo Petro ha rechazado las operaciones, mientras que la familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de las críticas, Trump ha amenazado con ampliar la ofensiva con ataques terrestres en Colombia y Venezuela.

El exembajador Kevin Whitaker ha sugerido que esta retórica responde más a una estrategia política interna que a una intención real, aunque ha reconocido que las relaciones bilaterales están en un punto bajo.