Sin embargo, estas acciones han tenido consecuencias letales, como la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza, cuya embarcación fue bombardeada por fuerzas estadounidenses.

Su familia ha denunciado a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), negando cualquier vínculo con el narcotráfico y calificando el hecho como una “ejecución extrajudicial”, término que también ha sido utilizado por el presidente Petro. La relación bilateral se ha deteriorado al punto que Washington retiró a Colombia la certificación como aliada antidrogas y ha impuesto sanciones al círculo cercano de Petro.

El presidente colombiano ha respondido con firmeza, pidiendo a EE.

UU. respetar la soberanía y advirtiendo que “atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones”.

La Cancillería colombiana también emitió un comunicado rechazando “cualquier amenaza de agresión” y reafirmando la lucha del país contra el narcotráfico.