Varios legisladores estadounidenses, incluyendo republicanos, han expresado su preocupación, sugiriendo que atacar a sobrevivientes desarmados es ilegal y podría ser un crimen de guerra.

El diario 'The Washington Post' denunció que el secretario Hegseth habría ordenado directamente asesinar a los tripulantes, aunque la Casa Blanca y otros funcionarios han contradicho esta versión, atribuyendo la orden del segundo ataque al almirante Frank Bradley.

Estas operaciones, que han causado la muerte de más de 80 personas, incluyendo ciudadanos venezolanos, han llevado al Congreso de Venezuela a abrir una investigación. El enfoque agresivo de Hegseth, respaldado por el presidente Trump, ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la proporcionalidad de la campaña militar en el hemisferio occidental.