La decisión unilateral del presidente Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano ha sido el catalizador de una escalada sin precedentes.

La tensión se materializó con un amplio despliegue naval estadounidense en el Caribe, que incluye al portaviones USS Gerald R. Ford, bombarderos B-52 y cazas F-18, justificado como una operación antidrogas. Esta campaña se intensificó con la designación oficial del llamado “Cartel de los Soles” como una organización terrorista extranjera, vinculando directamente al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico.

Trump ha elevado las amenazas, sugiriendo una posible intervención terrestre al afirmar: “También vamos a detenerlos por tierra muy pronto”.

Como consecuencia directa, al menos siete aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, Avianca y Turkish Airlines, suspendieron sus vuelos a Venezuela, lo que llevó al gobierno de Maduro a revocar sus permisos de operación, profundizando el aislamiento del país. El gobierno venezolano ha calificado las acciones de Washington como un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y una “amenaza colonialista”. La situación ha generado preocupación regional; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la legalidad de las medidas estadounidenses, preguntando: “¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. Mientras tanto, informes sobre una presunta conversación telefónica entre Trump y Maduro, y el apoyo logístico de República Dominicana a las operaciones de EE. UU., añaden capas de complejidad a un conflicto que parece acercarse a un punto de no retorno.