Bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental, generando una fuerte controversia internacional por el uso de fuerza letal y sus implicaciones geopolíticas. La campaña, que incluye la operación ‘Lanza del Sur’, ha implicado ataques directos a embarcaciones sospechosas de narcotráfico, conocidas como “narcolanchas”, que han resultado en la muerte de al menos 80 personas. Estas acciones han sido calificadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como posibles “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional. La justificación legal de la administración Trump, revelada en un memorando del Departamento de Justicia, se basa en los poderes especiales del presidente “en tiempos de guerra”, considerando los barcos como objetivos militares legítimos.
Esta postura ha provocado una severa reacción diplomática de aliados clave.
El Reino Unido y Colombia han suspendido la cooperación de inteligencia con Washington para evitar ser cómplices en estos operativos, mientras que Francia ha expresado su preocupación y la Unión Europea ha mostrado reservas. El secretario de Estado de EE.
UU., Marco Rubio, ha defendido las acciones, afirmando que su país tiene derecho a operar militarmente en “su hemisferio” y que otros no pueden determinar cómo defiende su seguridad nacional.
La situación ha dejado a comunidades pesqueras locales, como las de Colombia y Trinidad y Tobago, atrapadas en el conflicto, temerosas de salir a faenar por el riesgo de ser confundidas con objetivos militares.
En resumenLa estrategia antidrogas de Estados Unidos en Latinoamérica, caracterizada por ataques letales a embarcaciones, ha sido denunciada por la ONU como posibles ejecuciones extrajudiciales, provocando la suspensión de cooperación de inteligencia por parte de aliados como el Reino Unido y Colombia, y abriendo una profunda crisis sobre la legalidad y las consecuencias de sus métodos.