Estas naciones han cuestionado la legalidad y las consecuencias de las operaciones, marcando un punto de tensión en las relaciones transatlánticas y hemisféricas. Los ataques, que han resultado en decenas de muertes, han sido calificados por el Alto Comisionado de la ONU como posibles “ejecuciones extrajudiciales”. En respuesta a estas acciones, el Reino Unido decidió suspender la cooperación de inteligencia con Washington hace más de un mes, negándose a proporcionar información que pudiera ser utilizada para la detonación de objetivos en la región. Colombia, un socio estratégico de EE.

UU. en la lucha antidrogas, también suspendió su colaboración en inteligencia.

El presidente Gustavo Petro ha sido un crítico vocal, acusando a Estados Unidos de “matar gente pobre en el Caribe”.

La Unión Europea y Francia también han expresado su preocupación. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó que su país está preocupado por los bombardeos, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, subrayó que el bloque solo respalda el uso de la fuerza en defensa propia o con mandato de la ONU. A pesar de las críticas, altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, han defendido la campaña. Rubio rechazó las críticas europeas durante la reunión del G7, afirmando que otros países “no pueden determinar como EE.

UU. defiende su seguridad nacional”.

Esta postura unilateral ha llevado a una pérdida de aliados, lo que, según algunos análisis, podría terminar fortaleciendo a adversarios como el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.