Esta situación ha generado una fuerte reacción internacional y ha puesto en alerta a la región.

La administración de Donald Trump ha movilizado un grupo de ataque naval liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, junto a otros buques de guerra y un submarino nuclear. Aunque Washington justifica la operación como una misión antinarcóticos, es ampliamente interpretada como una estrategia de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. En respuesta, Venezuela activó una “fase superior” de su “Plan Independencia 200”, con un “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos” y la movilización de unos 200.000 militares. El gobierno venezolano ha adoptado públicamente una estrategia de “resistencia revolucionaria” ante una posible invasión.

La escalada ha provocado fisuras internacionales: Rusia condenó las acciones de EE.

UU. como “provocadoras” pero negó haber recibido solicitudes de ayuda militar de Caracas. Aliados de Washington, como Reino Unido y Francia, también han expresado preocupación y rechazado los “operativos militares” estadounidenses en la zona. A la tensión se suman los controvertidos ataques letales de fuerzas estadounidenses contra supuestas “narcolanchas”, que han dejado decenas de muertos y han sido calificados por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como posibles “ejecuciones extrajudiciales”.