La decisión fue tomada después de que el gobierno mexicano concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido presidente Pedro Castillo. El gobierno peruano calificó la concesión de asilo como un “acto inamistoso” y una “injerencia en asuntos internos”, lo que llevó al canciller Hugo de Zela a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas. Betssy Chávez, quien se encontraba en prisión preventiva por su presunta complicidad en el delito de rebelión durante el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, fue excarcelada por orden del Tribunal Constitucional y se refugió en la residencia de la embajada mexicana en Lima. La fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión para Chávez.

Las tensiones entre ambos países no son nuevas y se remontan a 2023, pero este episodio ha llevado la relación a su punto más bajo.

El gobierno peruano lamentó la decisión de México, mientras que analistas mexicanos la calificaron como “unilateral, excesiva y desproporcionada”. La crisis pone de manifiesto las divisiones ideológicas en la región y el complejo manejo de las figuras políticas que enfrentan procesos judiciales en sus países de origen.