La guerra civil en Sudán ha entrado en una fase crítica de brutalidad, con la toma de Al-Fashir por parte del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La caída de este último bastión del ejército en Darfur ha desatado una ola de atrocidades contra civiles y una catástrofe humanitaria que alarma a la comunidad internacional. El conflicto, que estalló en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las FAR, ha provocado una situación que el secretario general de la ONU, António Guterres, advierte que se está “saliendo de control”. Tras 18 meses de asedio, la conquista de Al-Fashir por las FAR ha sido seguida de múltiples denuncias de ejecuciones, violaciones, secuestros y violencia étnica.
Testigos que lograron huir describen un escenario de terror, con cuerpos sin enterrar en los caminos. La Misión de Investigación de la ONU ha condenado las “atrocidades masivas” y la Corte Penal Internacional ha advertido que los crímenes cometidos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. La crisis ha desplazado a más de 65.000 personas solo de Al-Fashir, agravando una situación de hambruna que ya se ha asentado en la región y en Kordofán del Sur.
En un intento por mediar, Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos propusieron una tregua humanitaria, la cual fue aceptada por las FAR.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la efectividad de las investigaciones internas del grupo paramilitar, a pesar de la detención de un comandante acusado de liderar la masacre.
En resumenLa guerra en Sudán ha alcanzado un nuevo pico de violencia con la caída de Al-Fashir, desatando una crisis humanitaria y atrocidades que han sido condenadas por la ONU. A pesar de la aceptación de una propuesta de tregua por parte de las FAR, la situación de los civiles sigue siendo extremadamente precaria y la comunidad internacional teme una espiral de violencia genocida en Darfur.