Estas acciones, enmarcadas por Washington como una “guerra contra las drogas”, son percibidas por Caracas y otros actores regionales como una amenaza directa a la soberanía venezolana y un posible preludio a una intervención.

La administración de Donald Trump ha desplegado el mayor contingente militar en la región desde 1994, incluyendo buques de guerra, aviones F-35 y submarinos nucleares. La operación se ha extendido al Pacífico y ha resultado en la muerte de decenas de personas en ataques a embarcaciones. La retórica del presidente Trump es ambigua; por un lado, afirma que al presidente venezolano Nicolás Maduro “le queda poco en el poder” y que sus “días están contados”, pero por otro, descarta una operación terrestre directa.

Esta postura ha generado una profunda división en la región.

Líderes como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su preocupación, calificando la presencia militar de “demasiado grande y potente como para ser sólo antinarcóticos” y planean discutir el asunto en la cumbre de la CELAC. Incluso el papa León XIV ha criticado el despliegue estadounidense, pidiendo diálogo y afirmando que “con la violencia no venceremos”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha ido más allá, calificando los ataques de posibles “ejecuciones extrajudiciales” y una violación del derecho internacional. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha calificado las acciones de “asedio criminal” y ha mantenido contactos con Rusia para reforzar su alianza estratégica.