Los manifestantes, que incluyen estudiantes, agricultores, profesores y diversos grupos civiles, denuncian la corrupción sistémica en el contrato de renovación de la estación, acusando al gobierno de poner vidas en riesgo por negligencia. Las demandas se han politizado, exigiendo ahora la dimisión del presidente Vucic y la convocatoria de elecciones anticipadas, con el objetivo de formar un gobierno de tecnócratas que reforme el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por la represión violenta de las marchas y la falta de transparencia por parte de las autoridades serbias.