Organizaciones de derechos humanos y el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, han cuestionado la legalidad y proporcionalidad de la acción, calificándola de “fuerza bruta”. El ministro afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó “aterrado” por el número de muertes. En contraste, sectores de la derecha y el gobernador Castro han defendido el operativo como una “victoria del Estado”.

Durante los enfrentamientos, los criminales utilizaron tácticas sofisticadas, incluyendo drones para lanzar bombas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó la operación con la Operación Orión de Medellín en 2002. El caso ha tensado la campaña política en Brasil, con la derecha impulsando propuestas para declarar a estas facciones como organizaciones terroristas, mientras la ONU y la Corte Suprema de Brasil piden investigaciones independientes.