Por primera vez desde su creación, la renovación del mandato no cuenta con un consenso unánime.

El representante estadounidense, Michael Waltz, cuestionó públicamente el respaldo a la misión, criticando la política de paz del gobierno de Gustavo Petro. “Las medidas del gobierno de Colombia siguen socavando las oportunidades de lograr una paz duradera”, afirmó Waltz durante una sesión del Consejo. Esta postura ha generado preocupación, ya que la aprobación de la resolución requiere al menos nueve votos a favor y que ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo (entre ellos EE.

UU.) ejerza su poder de veto. Más de 255 organizaciones de la sociedad civil y víctimas del conflicto armado han enviado cartas al Consejo de Seguridad, pidiendo mantener el apoyo a la misión, a la que califican de “esencial” para el cumplimiento del Acuerdo de Paz. La Misión no solo supervisa la reincorporación de excombatientes, sino que también acompaña las decisiones de la JEP y vigila el cese al fuego con el ELN, con un presupuesto anual de unos 70 millones de dólares.