La designación como FTO implicaría la imposición de severas sanciones financieras y judiciales a estas organizaciones, permitiendo a las autoridades estadounidenses interrumpir sus redes logísticas y llevar a sus miembros ante la justicia. Esta solicitud llega en un momento de tensión entre ambos países y justo cuando el Consejo de Seguridad de la ONU debe votar sobre la extensión de la Misión de Verificación en Colombia, una decisión en la que el voto de Estados Unidos es clave.