Estos ataques han dejado más de 60 muertos y han provocado una respuesta contundente del gobierno colombiano.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Washington a detener de inmediato los ataques, señalando que las muertes, que ascienden a por lo menos 62 personas en las últimas semanas, son “inaceptables” y no tienen justificación dentro de la legislación internacional. La ONU exigió investigaciones “rápidas, independientes y transparentes”, recordando que el uso de la fuerza letal solo se permite ante una amenaza inminente a la vida, condición que no parecía cumplirse. La ofensiva estadounidense, justificada por Washington como parte de una estrategia de seguridad contra cárteles “terroristas”, ha sido también criticada por legisladores demócratas, quienes afirmaron que los ataques son “asesinatos” y no un plan antidrogas. En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó las operaciones como una “agresión al Caribe” y ordenó la suspensión de “todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”. Además, anunció que Colombia presentará una proposición ante la ONU pidiendo el cese de estas acciones. El Ministerio de Defensa colombiano aclaró que los acuerdos de cooperación vigentes son con la Guardia Costera de EE. UU. y no incluyen el uso de fuerza letal, diferenciándolos de los ataques con misiles realizados por la Marina estadounidense.