Esta medida ha generado consecuencias inmediatas que van desde el bloqueo de cuentas bancarias hasta incidentes logísticos con el avión presidencial, agudizando las divisiones en el escenario nacional colombiano.

La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. se justificó alegando que el gobierno Petro ha “otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total”. Esta acción ha sido calificada por el presidente colombiano como una persecución política y un “chantaje”, motivado por su postura crítica ante el conflicto en Gaza y las operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

La exfuncionaria del Departamento de Estado, Michelle Manatt, criticó la medida afirmando: “en mi país ya no existe el debido proceso; primero tomaron la decisión política de poner su nombre ahí y luego buscaron elementos para justificarlo”. Como respuesta, tanto el presidente Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han contratado abogados en Estados Unidos para gestionar su exclusión de la lista. Las repercusiones han sido tangibles: el avión presidencial enfrentó dificultades para abastecerse de combustible en Cabo Verde, ya que la empresa norteamericana contratada se negó a prestar el servicio debido a las sanciones. Además, han surgido informes sobre el bloqueo de las cuentas bancarias del mandatario en Colombia y la dificultad para recibir su salario. Este episodio también coincidió con el anuncio público del presidente Petro sobre su separación de Verónica Alcocer “hace algunos años”, aunque legalmente siguen casados.