La ofensiva estadounidense, que se inició en agosto, ha escalado con nuevos bombardeos.

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, informó que el 27 de octubre se realizaron tres ataques contra cuatro lanchas en aguas internacionales del Pacífico, dejando 14 muertos y un sobreviviente, quien fue rescatado por autoridades mexicanas.

Con este hecho, el número total de fallecidos en estas operaciones asciende a cerca de 60.

La justificación de Washington es contundente; el presidente Donald Trump defendió los ataques afirmando que las embarcaciones "no estaban pescando" y que transportaban narcóticos suficientes para "matar a 25.000 estadounidenses".

Hegseth equiparó a los "narcoterroristas" con Al Qaeda, declarando que serían "cazados y eliminados".

Sin embargo, estas acciones, que incluyen el despliegue de destructores, un submarino y el portaaviones USS Gerald Ford, han sido cuestionadas por su legalidad, al no contar con autorización del Congreso estadounidense. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido la voz más crítica, calificando los ataques de "asesinatos" y "crimen de guerra".

Desde Arabia Saudita, Petro declaró que la campaña militar "no parece estar dirigida esa acción a incautar cocaína, sino a una invasión, algo que es absurdamente ilegal". Contrastó la estrategia estadounidense con un operativo europeo en el que Colombia colaboró para incautar casi ocho toneladas de cocaína "sin un solo muerto". Venezuela también ha denunciado un "nivel de amenaza sin precedentes" ante la ONU, mientras que Rusia ha instado a EE.

UU. a "respetar la ley".

La tensión se agudizó con la revelación de un plan de un agente federal para persuadir al piloto de Nicolás Maduro de entregarlo.