Estas operaciones, que se han extendido desde el Caribe hasta aguas del Pacífico cercanas a Colombia, son defendidas por la administración Trump como una lucha contra el “narcoterrorismo”. El senador Lindsey Graham afirmó que el presidente “tiene toda la autoridad del mundo” para ordenar estos ataques, argumentando que “esto no es asesinato. Esto es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas”.

Sin embargo, estas acciones han sido duramente criticadas.

El senador demócrata Mark Kelly ha cuestionado su legalidad, mientras que su colega Rubén Gallego las calificó como “asesinato autorizado” y muertes “innecesarias”. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha denunciado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, afirmando que entre las víctimas se encontraba un pescador colombiano inocente. Esta ofensiva militar ha provocado un cambio en las rutas del narcotráfico, que ahora privilegian el océano Pacífico sobre el Caribe debido a una percepción de menor vigilancia, lo que a su vez ha llevado a la expansión de los ataques estadounidenses a esta nueva zona.