La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa su momento más crítico en décadas, marcado por la imposición de sanciones directas de la administración Trump contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano, y por acusaciones mutuas que han erosionado la cooperación histórica. La crisis diplomática se intensificó con la inclusión del presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton. La justificación de Washington se centra en que, bajo el gobierno Petro, “la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a máximos históricos” y que su política de “paz total” ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas. El presidente Donald Trump ha calificado a Petro de “líder del narcotráfico” y “un tipo malo, un matón”. En respuesta, Petro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las sanciones como un “acto imperial, absurdo y arbitrario” y una persecución política.
“Ni por el chiras.
Cualquier evidencia es falsa, porque no he recibido un peso del narcotráfico”, declaró el mandatario.
La tensión ha escalado al punto que el senador estadounidense Lindsey Graham reveló que el Congreso de EE.
UU. planea debatir “posibles operaciones militares en tierra en Venezuela y Colombia”.
Ante esto, Petro advirtió a Estados Unidos que “no lo intenten”.
Las sanciones han tenido consecuencias financieras inmediatas, como el bloqueo de las cuentas bancarias del presidente, quien ha denunciado la medida y ha instruido a su abogado en EE.
UU., Daniel Kovalik, para impugnar la decisión ante el Departamento del Tesoro y analizar una posible demanda por difamación contra Trump.
A pesar de la hostilidad, figuras como el secretario de Estado Marco Rubio han aclarado que el problema es con Petro, “no con Colombia”, descartando por ahora la imposición de aranceles comerciales.
En resumenLa crisis diplomática entre EE. UU. y Colombia se ha agudizado con la inclusión del presidente Petro en la lista OFAC, lo que ha provocado bloqueos financieros, amenazas de acciones militares y un cruce de acusaciones. Mientras la administración Trump lo justifica como una respuesta a políticas antidrogas fallidas, el gobierno colombiano lo denuncia como un ataque político a su soberanía, fracturando una alianza histórica.
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