Durante la noche del 24 de octubre, Rusia lanzó una ofensiva con 12 drones y cinco misiles balísticos que impactaron infraestructuras críticas y zonas residenciales en Kiev, Dnipro, Kharkiv y Sumy, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y 17 heridos.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, condenó los bombardeos afirmando que “el terror ruso puede y debe detenerse”, y exigió una acción colectiva para aumentar la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin. El presidente Volodímir Zelenski insistió en la necesidad de recibir sistemas de defensa Patriot y misiles de largo alcance, como los Tomahawk, para proteger las ciudades. En el ámbito internacional, el primer ministro británico Keir Starmer instó a sus aliados a utilizar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.

Sin embargo, los líderes de la Unión Europea no lograron un acuerdo para respaldar un préstamo de 140 mil millones de euros financiado con dichos activos, debido a la oposición de Bélgica. El primer ministro belga, Bart De Wever, argumentó que la operación conlleva “enormes riesgos financieros y legales” para su país, donde se encuentra la mayoría de los fondos, y exigió que los riesgos sean compartidos por todos los estados miembros.

Mientras tanto, el conflicto ha atraído a combatientes de diversas nacionalidades.

La inteligencia militar ucraniana publicó una grabación donde presuntos mercenarios colombianos, al servicio de la 30ª Brigada Motorizada rusa, ordenan matar a civiles, incluyendo “mujeres y niños”.