Bajo órdenes del presidente Donald Trump, el Pentágono ha destruido al menos diez embarcaciones desde septiembre, la mayoría en el Caribe y una en el Pacífico. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó los ataques, afirmando que las lanchas eran operadas por grupos como el Tren de Aragua y transportaban narcóticos. En uno de los últimos operativos, un ataque nocturno en el Caribe, murieron seis personas.

Trump ha declarado que tratará a los narcotraficantes “como tratamos a Al Qaeda” y anunció una nueva fase de ataques terrestres. La respuesta de los países afectados ha sido contundente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó los ataques de “asesinato” y una violación al derecho internacional.

El gobierno de Venezuela ha denunciado un “acoso militar” y ha desplegado tropas en sus costas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también criticó las acciones, sugiriendo a EE.

UU. “hacer algo juntos” en lugar de “invadir territorio ajeno”.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció las operaciones como ejecuciones extrajudiciales, argumentando que no existía un conflicto armado que justificara el uso de fuerza letal y exigió una investigación independiente.

Mientras tanto, congresistas en EE.

UU. como el líder del Caucus Hispano han calificado los ataques de “ilícitos”.