Esta medida ha desatado una grave crisis diplomática y política entre los dos países históricamente aliados.

La decisión, oficializada el 24 de octubre de 2025 por el Departamento del Tesoro estadounidense, afecta directamente al presidente Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti. La justificación de Washington, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”. El comunicado acusa a Petro de otorgar “beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’” y de haberse aliado con el “régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro”.

Esta medida representa la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio es incluido en la denominada “Lista Clinton”.

La sanción implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con ciudadanos o empresas de EE.

UU., lo que en la práctica genera un aislamiento del sistema financiero internacional. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) confirmó que las entidades del país deberán acatar los estándares internacionales, lo que implica el bloqueo de las cuentas de los sancionados. La reacción del gobierno colombiano fue de contundente rechazo.

El presidente Petro calificó la medida como una “arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y una “paradoja”, afirmando: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida”.

Anunció que su defensa estará a cargo del abogado estadounidense Dan Kovalik y sentenció: “ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Por su parte, el ministro Benedetti respondió con un desafiante “Gringos go home”, mientras Nicolás Petro denunció una “persecución política”.

El gobierno de Venezuela también rechazó las sanciones, calificándolas de ilegítimas y neocoloniales.