El gobierno colombiano ha calificado estas acciones como “asesinatos” y una violación del derecho internacional, agudizando la crisis diplomática entre ambos países.

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos nueve ataques contra lo que denomina “narcolanchas”, dejando un saldo de al menos 37 muertos. La novedad más reciente es la expansión de estas operaciones al Pacífico oriental, donde se confirmaron dos ataques en menos de 24 horas frente a las costas colombianas, con un saldo de cinco fallecidos. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, justificó las acciones, autorizadas por el presidente Trump, afirmando que los tripulantes eran “narcoterroristas” y comparando a los cárteles con “la Al Qaeda de nuestro hemisferio”. El presidente Gustavo Petro reaccionó con vehemencia, calificando los ataques de “asesinato” y una ruptura de “las normas del derecho internacional”. En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana exigió a Estados Unidos el cese de los ataques y el respeto a la soberanía.

La estrategia estadounidense, que según Trump busca salvar “25.000 vidas estadounidenses” con cada ataque, es cuestionada por su legalidad.

Expertos y organizaciones como Human Rights Watch han señalado que se trataría de “asesinatos extrajudiciales”, ya que se ejecutan sin un debido proceso y en aguas internacionales. El gobierno de Petro insiste en que su estrategia de interdicción, basada en inteligencia y sin uso de fuerza letal, ha logrado incautaciones récord de cocaína, demostrando que existen alternativas a los bombardeos.