La promesa de “refundar” el país a través de una nueva Constitución para resolver desigualdades históricas no se materializó; por el contrario, dos propuestas constitucionales fueron rechazadas en las urnas, la primera por ser considerada demasiado radical y la segunda por ser demasiado conservadora. Este proceso, conocido como el “paquete chileno”, ha dejado como saldo una economía estancada, con una pérdida de inversión y un aumento del riesgo país, además de una sociedad aún más fragmentada y polarizada. Varios análisis presentan este caso como una advertencia para otras naciones de la región, como Colombia, donde algunos sectores proponen una Asamblea Constituyente. La experiencia chilena demuestra que intentar cambiar la Constitución en un ambiente de alta polarización puede destruir la confianza, agravar la incertidumbre económica y no resolver los problemas de fondo como la desigualdad o la corrupción.