Washington sostiene que se trataba de “narcosubmarinos” vinculados a carteles venezolanos y a la guerrilla colombiana del ELN. Sin embargo, la muerte de un pescador colombiano, Alejandro Carranza, en un bombardeo el 15 de septiembre, ha sido el detonante de la crisis. El presidente Gustavo Petro denunció el hecho como un “asesinato” cometido en aguas territoriales colombianas, lo que constituye una violación a la soberanía del país. Familiares de Carranza insisten en que él era un pescador inocente y que su lancha estaba a la deriva con señales de avería. La falta de pruebas concluyentes por parte de EE. UU. sobre la vinculación de todas las embarcaciones con el narcotráfico ha aumentado los cuestionamientos. De los ataques, solo ha habido dos sobrevivientes, quienes fueron repatriados.

Uno de ellos, un ciudadano ecuatoriano, fue liberado por las autoridades de su país al no encontrar pruebas en su contra.

El otro, el colombiano Jeison Obando Pérez, también fue repatriado.

Ante la escalada, el gobierno de Bahamas ha emitido una advertencia a sus ciudadanos para que eviten la zona.

Esta agresiva postura militar estadounidense es un elemento central en el actual deterioro de las relaciones diplomáticas con Colombia.