El presidente Gustavo Petro ha acusado directamente a Washington de violar la soberanía nacional y de asesinar a un civil colombiano. El punto más álgido de la tensión surgió tras la denuncia del presidente Petro sobre un ataque estadounidense a una lancha el 16 de septiembre. Según el mandatario, la embarcación era colombiana, se encontraba “presumiblemente en aguas colombianas” y tenía “un motor arriba en señal de daño”. Petro afirmó que su único ocupante, Alejandro Carranza, “era un pescador de toda la vida” y no un narcotraficante, calificando el hecho como un “asesinato”.

El presidente solicitó a la Fiscalía actuar de inmediato y otorgar protección a los familiares.

Este incidente se suma a una serie de al menos seis ataques contra presuntos “narcosubmarinos” y lanchas desde septiembre, que han dejado un saldo de al menos 28 muertos. En una de estas operaciones, dos tripulantes —un colombiano y un ecuatoriano— sobrevivieron y, según anunció Donald Trump, serán repatriados a sus países de origen para ser procesados, en lugar de enfrentar la justicia estadounidense.

El presidente Petro confirmó la recepción del ciudadano colombiano, afirmando que “nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”. Estas acciones militares han abierto un debate sobre su legalidad, ya que implican el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido capturados ni interrogados, lo que expertos en derecho internacional consideran una posible violación de las normas sobre el uso de la fuerza.