La Policía Nacional del Perú reconoció que el disparo mortal provino de un suboficial de la institución, lo que ha exacerbado la indignación popular. En respuesta, el presidente Jerí lamentó el fallecimiento pero atribuyó la violencia a “grupos infiltrados que buscaban el caos”, mientras solicitaba al Congreso poderes especiales para legislar contra el crimen organizado.

Sin embargo, la legitimidad de Jerí ya está siendo cuestionada dentro del propio Congreso, donde se presentaron mociones de censura en su contra por denuncias pasadas de presunta violación y enriquecimiento ilícito. Aunque estas mociones fueron archivadas, reflejan la fragilidad de su mandato. Organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía han iniciado investigaciones urgentes sobre la muerte del manifestante, en un clima de desconfianza hacia las instituciones.