La crisis tiene dos frentes simultáneos. Por un lado, la protesta social liderada por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel ha paralizado varias regiones, especialmente en la Sierra norte como Otavalo, descrita como una "zona de guerra". Los manifestantes denuncian una fuerte represión y la presencia de militares "disfrazados de personal humanitario", mientras el gobierno sostiene que hay "infiltrados" en las protestas.

Por otro lado, la violencia del narcotráfico aterroriza a las ciudades.

En Guayaquil, un carro bomba explotó frente a un centro comercial y oficinas de la familia del presidente Noboa, dejando un muerto y una treintena de heridos.

El hecho fue calificado como un "acto terrorista" por las autoridades.

La respuesta del presidente Noboa ha sido contundente: declaró al país en "conflicto armado interno" a inicios de 2024 y ha desplegado 5.000 militares adicionales para reprimir las protestas, buscando evitar que las manifestaciones lleguen a la capital, Quito. Esta estrategia de "mano dura" busca evitar los errores de gobiernos pasados, pero ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.

La violencia ha tenido repercusiones diplomáticas, obligando al Consulado de Colombia en Guayaquil a suspender temporalmente su atención al público.