Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra y un submarino en la región, ejecutando al menos cinco ataques letales contra lanchas rápidas.

El propio Trump ha confirmado estas acciones a través de su red social Truth Social, publicando videos de los bombardeos y refiriéndose a las víctimas como "narcoterroristas". El saldo de estas operaciones ya asciende a 27 fallecidos. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado una "agresión militar encubierta", ha ordenado la activación de "zonas de defensa" militar en Caracas y Miranda, y ha reforzado su alianza con Rusia. La crisis diplomática se ha agudizado al punto de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, argumentando que "lo que tenemos es una agresión en el Caribe". Petro también ha denunciado que una de las embarcaciones atacadas podría ser de origen colombiano. La controversia ha llegado hasta el Congreso de Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos han expresado su "frustración" y "enojo" por la falta de transparencia y la ausencia de una base legal clara para estos ataques, cuestionando la inteligencia utilizada para identificar los objetivos. La Casa Blanca sostiene que los ataques son parte de una guerra contra organizaciones narcotraficantes, a las que equipara con grupos como Al Qaeda.