El incidente, ocurrido el 2 de octubre, provocó una enérgica reacción del gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una postura muy crítica frente a las acciones de Israel en Gaza, calificando la ofensiva de "genocidio", ordenó gestiones diplomáticas inmediatas para la liberación de las connacionales.

Tras su detención, las jóvenes relataron haber sido tratadas como terroristas.

"Cuando nos capturaron, nos vendaron los ojos y nos ataron las manos; nos decían al oído: ‘Ahora sí van a saber lo que es un terrorista’”, contaron.

El gobierno colombiano, a través de su cancillería, mantuvo contacto permanente con las familias y adelantó acciones con organismos internacionales, reafirmando que "las acciones solidarias no deben ser tratadas como delito".

Finalmente, las activistas fueron liberadas y deportadas.

El presidente Petro, quien se encontraba en Bruselas, se reunió con ellas y regresó a Colombia en el avión presidencial en su compañía, en un gesto de alto valor simbólico que subraya el respaldo de su gobierno a las iniciativas humanitarias en la región y su postura diplomática frente al conflicto.