Por su parte, la CONAIE rechazó las acusaciones, denunciando una “criminalización de la protesta” y acusando a Noboa de orquestar una provocación.

El paro nacional ha provocado el cierre de al menos ocho vías en el norte del país y ha sumado nuevas exigencias, como la reducción del IVA y mejoras en salud y educación. El gobierno ha respondido con la declaración de estado de excepción en diez provincias y el despliegue de fuerzas especiales. La situación ha dejado un saldo de un comunero indígena muerto, decenas de heridos y más de 117 detenidos. Organizaciones como la OEA han condenado el ataque al presidente, mientras Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el “uso de estrategias militarizadas para controlar las protestas” y un posible giro hacia prácticas autoritarias en el país.