Las movilizaciones se han extendido por diez provincias, incluyendo Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito, con bloqueos de vías y enfrentamientos con la fuerza pública.

El gobierno de Noboa ha respondido declarando el estado de excepción, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha reportado 208 vulneraciones, incluyendo una persona fallecida, 12 heridas y 94 detenidas.

La tensión diplomática se agudizó con la detención del periodista español Bernat Lautaro. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció la aprehensión como «arbitraria», señalando que las autoridades ecuatorianas argumentaron que el comunicador era una «amenaza» para la seguridad del país antes de proceder con su deportación. Este hecho se suma a otras agresiones documentadas contra la prensa durante la cobertura del paro, lo que ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones que defienden la libertad de expresión.