Sin embargo, existe una notable discrepancia en las cifras.

Mientras el gobierno habla de 104 municipios, la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, identifica 62 municipios con «llamado a la acción inmediata» y 162 con «llamado a la acción urgente», sumando 224 municipios en riesgo alto, lo que equivale a casi el 20% del territorio nacional. Benedetti criticó la metodología de la Defensoría, afirmando que «se equivoca mucho» al basar sus mapas en denuncias y no en la presencia confirmada de grupos armados. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostiene que su análisis es técnico y busca «proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías».