La crisis se ahondó cuando varios de sus ministros, en un gesto de solidaridad, anunciaron la renuncia a sus propias visas estadounidenses. La canciller Rosa Villavicencio declaró que no necesitan una visa para “trabajar por el pueblo colombiano”, mientras que otros funcionarios, como el ministro de Minas, Edwin Palma, reportaron que sus visas también fueron canceladas. El enfrentamiento se trasladó al Consejo de Seguridad de la ONU, donde el representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al gobierno Petro de “socavar los avances hacia una paz duradera” con políticas “irresponsables” y “retórica incendiaria”, poniendo en duda el apoyo de EE. UU. a la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Petro replicó exigiendo a Washington “no entrometerse en la política interna de Colombia”. Además, el presidente colombiano reveló que Estados Unidos solicitó la devolución de 150 armas y un equipo antidrones que hacían parte de la seguridad de la Casa de Nariño, afirmando que el palacio quedó “desarmado” y calificando el hecho como “indigno”.