Tras la detención, surgieron denuncias de malos tratos.

La activista Greta Thunberg reportó a funcionarios suecos estar retenida en “condiciones deplorables”, con acceso insuficiente a agua y comida.

Otros testigos afirmaron que fue “arrastrada del pelo” y forzada a posar con una bandera israelí.

La reacción de Colombia fue particularmente contundente, ya que dos de sus ciudadanas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, estaban entre las detenidas.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “secuestro en aguas internacionales” y un “nuevo crimen internacional”.

En respuesta, su gobierno ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí en Bogotá y denunció el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.

La Cancillería colombiana informó que las activistas denunciaron no haber recibido alimento en 48 horas y haber sido sometidas a “procedimientos que afectaron su dignidad”. Finalmente, las colombianas, junto con la mayoría de los detenidos, aceptaron ser deportadas, un proceso que se esperaba tomara menos de 72 horas. El incidente ha provocado masivas protestas en Europa y Marruecos, donde los manifestantes exigen la liberación de los activistas y el fin de la guerra en Gaza.