Dichas acciones incluyen el hundimiento de al menos tres embarcaciones, con un saldo de 17 muertos, que según la Casa Blanca estaban vinculadas al tráfico de drogas. Al calificar a los carteles como “grupos armados no estatales” y sus acciones como un “ataque armado contra Estados Unidos”, la administración Trump busca enmarcar sus operativos bajo el derecho de los conflictos armados, y no como actos de fuerza extralimitados.

La medida ha generado críticas entre legisladores demócratas, quienes argumentan que el presidente no solicitó la autorización del Congreso para estas operaciones. La decisión escala la tensión en la región, particularmente con Venezuela.

El gobierno de Trump acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar el llamado “Cartel de los Soles”, una organización que Washington considera terrorista.

Por su parte, Caracas rechaza estas acusaciones y ha denunciado el despliegue naval estadounidense como una “amenaza militar”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha criticado la postura estadounidense, cuestionando la legitimidad de la intervención en aguas cercanas a Venezuela y alertando sobre una supuesta intención de invadir el país bajo el pretexto de la lucha antidrogas. La declaración de “conflicto armado” sienta un precedente jurídico que podría permitir a Estados Unidos futuras acciones militares en la región bajo la bandera de operaciones antinarcóticos.