UU. reaccionó de inmediato, afirmando que las declaraciones incitaban a la violencia, lo que justificaba la revocatoria. La respuesta de Petro fue desafiante: “Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.

UU.

No me importa”, declaró, añadiendo que, por su ciudadanía europea, puede ingresar con una autorización ESTA.

La Cancillería colombiana calificó la medida como un “arma diplomática” que atenta contra la Carta de la ONU y la libertad de expresión, llegando a proponer la búsqueda de una “sede completamente neutral” para las Naciones Unidas. La crisis se enmarca en un progresivo deterioro de las relaciones, evidenciado por la reciente descertificación condicionada a Colombia en la lucha antidrogas. En el ámbito político colombiano, la decisión exacerbó la polarización.

Figuras de oposición como los expresidentes Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, y precandidatos como Sergio Fajardo, calificaron el actuar de Petro como una “vergüenza internacional” que pone en riesgo los intereses del país. En contraste, aliados del gobierno, como el ministro Armando Benedetti, el secretario jurídico Augusto Ocampo y el precandidato Daniel Quintero, cerraron filas en defensa del presidente, renunciando simbólicamente a sus propias visas en un acto de “solidaridad y dignidad”.